victimas del conflicto armado

Dentro de la constitución, se adoptó como fin primordial del Estado colombiano el hacer real la vigencia de los derechos humanos, lo que abrió la puerta al desarrollo legal y administrativo en la aplicación de medidas para la garantía de los derechos fundamentales; en especial, de los más vulnerables, como es el caso de las víctimas del conflicto.

En esta ley, se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia

Este es un recurso, el cual es un proceso de presión sobre la agenda pública, liderado especialmente por la Corte Constitucional y los fallos de tutela, donde se resaltan los derechos fundamentales vulnerados a la población desplazada por el conflicto

El Grupo de Memoria Histórica fue creado en 2005 como un ente vinculado a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y estuvo conformado principalmente por académicos. El Grupo tuvo como fin elaborar y divulgar una narrativa sobre el conflicto armado en Colombia que identificara las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales, así como las distintas memorias de la violencia, con una opción preferencial por las voces de las víctimas. El Grupo de Memoria Histórica publicó informes sobre la verdad y la memoria del conflicto armado en varias regiones del país, Tras la creación de la "Ley de víctimas", las actividades del Grupo de Memoria Histórica fueron asumidas por el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que
contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional
y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
se crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación- CNRR- (Artículo 50), con las siguientes funciones: garantizar a las víctimas su participación en procesos de esclarecimiento judicial y la realización de sus derechos, presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, hacer seguimiento y verificación a los procesos de reincorporación y a la labor de las autoridades locales a fin de garantizar la desmovilización plena de los miembros de grupos armados orga- nizados al margen de la ley, y el cabal funcionamiento de las instituciones en esos territorios, recomendar los criterios para las reparaciones, coordinar la actividad de las Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, adelantar acciones nacionales de reconciliación que busquen impedir la reaparición de nuevos hechos de violencia que perturben la paz nacional

El Decreto 1290, aprobado en abril de 2008, establece la indemnización por vía administrativa para las víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley. La medida, que fue puesta en marcha desde julio de 2009, entregó alrededor de 18 millones de pesos a familias de víctimas que hubieran sufrido violaciones de los derechos a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual y la libertad sexual. En este decreto las víctimas de agentes del Estado fueron excluidas.

La Ley 1424, sancionada en diciembre de 2010, establece un mecanismo no judicial de contribución a la verdad que concede beneficios jurídicos a miembros de los grupos organizados al margen de la ley por los delitos de concierto para delinquir simple o agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos y transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones. Estos beneficios se conceden con la condición de suscribir un Acuerdo de contribución a la verdad con el Estado.

La Ley 1448, aprobada en junio de 2011, establece un conjunto de medidas para la reparación integral de las víctimas, que incluye la definición del universo de beneficiarios, medidas de asistencia, de compensación económica, de rehabilitación, de restitución de tierras y medidas de satisfacción, entre ellas la creación del Día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas, que desde entonces se celebra el 9 de abril. Para desarrollarla, creó tres instituciones: la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la "Unidad de Tierras" y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El Consejo Nacional de Política Económica y Social emitió dos documentos Conpes: el 3712, que establece el plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448, y el 3726, que define los lineamientos, el plan de ejecución de metas, el presupuesto y el mecanismo de seguimiento correspondientes al Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas.