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(Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental)
Reconoce y regula el derecho individual al acceso la información de las instituciones y organismos del Estado. Esta ley designó como órgano garante del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública

Establece las políticas generales y procedimientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para garantizar a la persona la facultad de decisión sobre el uso y destino de sus datos personales, con el propósito de asegurar su adecuado tratamiento e impedir su transmisión ilícita y lesiva para la dignidad y derechos del afectado.

Con el objetivo de constituirse en propuestas y sugerencias específicas que le permitiera a la Administración Pública Federal lograr una eficaz protección de los datos personales contenidos en sus sistemas de datos, según se desprende del último de sus considerandos

Se adicionó un segundo párrafo con siete fracciones. En materia de protección de datos personales, las fracciones II y III del citado artículo señalan que la información a que se refiere la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
Además que toda persona tendrá acceso a sus datos personales o a la rectificación de estos respectivamente. Las fracciones II y III tienen la virtud de ser las primeras menciones constitucionales que hacen un reconocimiento del derecho a la protección de datos personales, dando continuidad a la labor iniciada por el legislador a través de la Ley Federal de Transparencia de 2002.
Esta reforma señala también la necesidad de contar con un dispositivo legal que regule el derecho a la protección de datos digitales.

Tiene por objeto dotar de facultades al Congreso Federal para que legisle en materia de protección de datos en posesión de los particulares.

Con la reforma finalmente se reconoce y da contenido al derecho a la protección de datos personales. En ese sentido, en la reforma se plasman los derechos con los que cuentan los titulares de los datos personales como lo son los de acceso, rectificación, cancelación y oposición (denominados por su acrónimo como derechos ARCO).
Por otra parte, se hace referencia a la existencia de principios a los que se debe sujetar todo tratamiento de datos personales, así como los supuestos en los que excepcionalmente dejarían de aplicarse dichos principios.

La autoridad competente para garantizar este derecho es el INAI. Su objetivo es proteger los datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y derecho a la autodeterminación informativa de las personas. Es aplicable para todas las personas físicas o morales de carácter privado que para sus actividades cotidianas recaben, manejen y utilicen información personal en territorio nacional.