Línea de tiempo DF en El Salvador

Events

Período de 1992-2002

1992 - 2002

En el año 1992 se firman los acuerdos de paz que ponen fin al conflicto armado interno liderado por las Fuerzas Armadas de El Salvador (FAES) y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Tras la firma de estos acuerdos se crea la Policía Nacional Civil como el ente encargado de llevar a cabo las acciones de seguridad nacional, además dentro de las medidas constitucionales que se tomaron en este tiempo de paz fue que la intervención de la Fuerza Armada estaría limitada a casos excepcionales para el mantenimiento de la paz interna. En este panorama una de las acciones que más han repercutido en la actual configuración de violencia en el país ha sido la inmersión del ejército en la actividad policial y las ejecuciones de las políticas de seguridad.

Plan Grano de Oro

November 1992 - 1993

Se implementó este Plan para establecer la labor de las Fuerzas Armadas en patrullajes militares para protección de cosechas de café en zonas de producción cafetalera.

Plan Vigilante

1993

Con el fin de realizar patrullas militares para prevenir el accionar delincuencial en carreteras y zonas rurales se implementó el Plan Vigilante el cual se le delegó exclusivamente a la fuerzas militares sin la intervención de la Policía Nacional Civil (PNC).

Plan Guardian

1995

Este plan consistía siempre en patrullajes, pero la modalidad de los mismos era de fuerzas combinadas entre el ejército y la policía. Esta modalidad se ha mantenido a lo largo del tiempo bajo el nombre de Grupos de Tarea Conjunta (GTC).

Consecuencias de este período

2002

A pesar que en la Constitución se delimita el accionar de la Fuerza Armada como excepcional y temporal, esta medida no se ha tomó tras la firma de los acuerdos de paz, ya que siguieron teniendo reiterada participación en el mantenimiento del orden y la seguridad interna, haciéndolo una práctica permanente.

Políticas públicas de seguridad represivas

2003 - 2009

Este período se caracterizó por la adopción de políticas públicas de seguridad represivas conocidas como de mano dura, con las cuales se incluyó a las fuerzas armadas en actividades conjuntas con la policía para ejecutar dichas políticas.
Como consecuencias de estos planes y su implementación que implicó abusos de las fuerzas armadas y policiales solo se favoreció el fortalecimiento de las pandillas y su tránsito a redes de crimen organizado.

Plan Mano Dura y Ley Antimaras

August 2003

En el 2003 durante el gobierno del presidente Francisco Flores se adoptó el Plan Mano Dura para enfrentar la situación de violencia que aquejaba el país. Este plan se enmarca en la política pública de seguridad que implementó medidas represivas para atacar la presencia de pandillas en el territorio nacional a través de operativos conjuntos entre la policía y la fuerza armada en los llamados Grupos de Tarea Antipandillas (GTA).
En este mismo año se aprobó la primera Ley Antimaras con duración de 180 días y en este período se llevaron a cabo detención arbitrarias a miles de jóvenes bajo la sospecha de pertenecer a pandillas. Posteriormente esta Ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia del país

Aumento de la asignación presupuestal para la defensa

November 2003 - 2008

La asignación presupuestal para la Defensa aumentó considerablemente y pasó de 106 millones a 125 millones de dólares, además en este contexto las Fuerzas Armadas se volvieron a posicionar como una actori visible para garantizar el orden interno.
Por otro lado las prácticas de abuso y descomposición interna de la Policía Nacional Civil se naturalizaron y se continúan aplicando como parte de su accionar.

Plan Súper Mano Dura

2004

En el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009) se implementó el Plan Súper Mano Dura como continuación del plan impulsado por el anterior presidente. Este plan aumentó el número los Grupos de Tarea Antipandillas y los extendió a las zonas del país lo que recrudeció el accionar de los mismos mediante abusos de poder, capturas arbitrarias e ilegales, abusos y violaciones a los derechos humanos.

Nuevos patrones de violencia

2010 - 2015

Cambios significativos en los patrones de violencia en el país y recrudecimiento de la misma. Ello generó nuevos hechos de violencia como es el fenómeno del desplazamiento forzado.

Decretos Ejecutivos y Legislativos

August 2010 - 2014

Entre estos años se emitieron siete (7) decretos ejecutivos y legislativos en los que se avalaba la participación de militares en tareas y funciones relacionadas con la seguridad pública. El argumento justificativo que se manejaba en el discurso oficial correspondía a que la policía estaba sobrepasada debido al incremento de la violencia y la criminalidad.
Dentro de las tareas que se fueron asignando a las fuerzas armadas por decreto fue la facultad para realizar controles, registros y detenciones, intervención en el sistema penitenciario en el registro del ingreso y egreso de visitas, despliegue de efectivos en zonas fronterizas no habilitadas y asignación de militares en planes de seguridad en perímetros escolares y al interior del transporte colectivo.
Según datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en este período se incrementó el número de denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas.

Elites militares recuperando el poder

2011 - 2013

En la administración del primer gobierno de izquierda tras la firma de los acuerdos de paz precedido por Mauricio Funes (2009-2014), el General Munguía Payés, Ministro de Defensa y el General Francisco Salinas Viceministro de Defensa fueron nombrados Ministro de Seguridad y Director de la Policía Nacional Civil respectivamente.
Esto implicó que militares tomaran control de puestos civiles de seguridad e inteligencia del Estado, a su vez demostró la cuota de poder político e institucional ganado por las fuerzas militares en un período corto de tiempo.

Iniciativa para la vida y la paz (tregua)

2012 - 2013

En el año 2012 se llevó a cabo la llamada tregua entre pandillas (Mara Salvatrucha y la pandilla Barrio 18), la cual fue facilitada por un líder histórico de izquierda, Raúl Mijango, el Obispo castrense de la Iglesia Católica Fabio Colindres y el Estado liderado por Mauricio Funes, aunque este último autor no reconoció públicamente su apoyo al proceso de tregua.
Al inicio del proceso los resultados fueron una reducción significativa en la tasa de homicidios, pero definitivamente gestó las condiciones para la profundización de la violencia en los siguientes años, sobre todo en lo relacionado con la expansión del control territorial y social de las pandillas, del aparecimiento de nuevos delitos como las privaciones de libertad, la expansión de las extorsiones y amenazas, y el surgimiento de nuevos y graves hechos de violación de derechos humanos, como es el caso del desplazamiento forzado.

Sentencia de Inconstitucionalidad

2013

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el cargo del Ministro de Seguridad Munguía Payés y del Director de la PNC Francisco Salinas, por ser militares ocupando puestos civiles.

Informe Mundial sobre refugiados

2014

Las estimaciones del Consejo Noruego para refugiados para el año 2014 presentadas en su informe mundial de ese mismo año presentó que aproximadamente 289 mil salvadoreños se encontraban en situación de desplazamiento forzado.

Directrices para la atención a víctimas desplazadas forzosamente

2014 - Approx. Present

Desde el 2014 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos capacitó a su personal para ejecutar las directrices para la atención a víctimas desplazadas forzosamente.

Registros de desplazamiento forzado

August 2014 - December 2015

La Mesa de la Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado en El Salvador integrada por 13 organizaciones sociales reportó que 7 de estas organizaciones entre agosto de 2014 y diciembre de 2015 atendieron 146 casos específicos que representan 385 personas. Dato importante a resaltar es que del total de casos 19 desplazamientos han sido provocados por la Fuerza Armada y 8 por agentes de la policía.

Posicionamiento de la PDDH

2015

En el año 2015, a través de su informe anual, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sienta su posición de denuncia sobre el desplazamiento forzado por violencia y crimen organizado en el país.

Plan El Salvador Seguro

2015

En este año a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia se presentó el Plan El Salvador Seguro (PESS), el cuál busca dar respuesta y solución a la situación de violencia que se vive en el país. Sin embargo, dicho plan carece de financiamiento y un plan de seguimiento para su implementación de un abordaje integral en algunos temas como la atención a víctimas.

Año más violento de las últimas décadas

2015

Este año constituyó el año más violento para la historia de las últimas décadas del país con una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 102.9, la más elevada desde 1950 y superando la tasa registrada durante los doce años de guerra.

Informe de registro sobre desplazamiento forzado

2016

La PDDH presenta su informe de registro sobre desplazamiento forzado para denunciar el hecho y ratificar las responsabilidades del Estado en cuanto a prevención, atención y reparación a víctimas de este tipo de violencia.

Medidas extraordinarias

2016

El actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014 a la fecha) adoptó medidas extraordinarias para afrontar el aumento de la violencia, pero esta estrategia responde a luchas frontales contra pandillas y su componente principal es la represión y recuperación de territorios, lo que a su vez provoca mayores enfrentamientos entre las fuerzas públicas y las pandillas.

Posicionamiento de la Mesa

11 August 2017

La Mesa de la Sociedad Civil contra Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado desarrolló una conferencia de prensa para dar a conocer su posición en cuanto al fenómeno en el marco de la visita oficial a El Salvador de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las personas internamente desplazadas.