Línea de tiempo DF en Colombia

Events

La Violencia

1948 - 1958

El período denominado La Violencia (1948-1958) en Colombia se caracterizó por una guerra promovida por grupos de conservadores, así como de liberales y comunistas. Como consecuencia de las prácticas de violencia de esta época se generó el desplazamiento forzado en grandes magnitudes de campesinos y el término que se utilizaba para ellos era de emigrantes o exiliados.

Creación de la Oficina de Rehabilitación y Socorro

1954

Bajo el mismo gobierno se creó en 1954 la Oficina de Rehabilitación y Socorro para reconstruir las poblaciones arrasadas en esta época de La Violencia, pero dicha iniciativa no tuvo éxito, al punto que para finales de 1958 los personas que poblaban estas tierras arrasadas seguían reclamando al Estado indemnización.

Creación de la Secretaría Nacional de Asistencia Social - SENDAS

1954

Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) se crea SENDAS para ayudar a campesino afectados por la violencia política.

Época del Frente Nacional

1958 - 1974

Período caracterizado por la coalición política entre liberales y conservadores (Frente Nacional) con el objetivo de reducir las consecuencias del enfrentamiento entre ambos grupos. Además en este escenario nace la lucha insurgente con el nacimiento de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Movimiento 19 de abril (M-19), entre otras.

Gobierno de Alberto Lleras Camargo

July 1958 - 1962

Período caracterizado por la represión militar contra las "repúblicas independientes", que eran territorios ocupados por campesinos desplazados; además de una fuerte división política e ideológica. Esta represión militar generó nuevos desplazamientos.

Gobierno de Guillermo León Valencia

1962 - 1966

Durante el mandato presidencial de León Valencia se permitió y favoreció la creación de grupos de autodefensa de carácter civil.

Surgimiento de las FARC y el ELN

1964

Surgen las guerrillas las cuales se fueron expandiendo de forma rápida sobre todo en las zonas pobladas por los campesinos desplazados.

Gobierno de Carlos Lleras Restrepo

1966 - 1970

En el gobierno de Lleras Restrepo, se consolidó la estrategia del gobierno anterior de las autodefensas civiles mediante el decreto legislativo 3398 de 1965 y consolidado a través de la Ley 48 de 1968.
Además se fortaleció la política de tierras promoviendo la organización de campesinos en asociaciones de usuarios de los servicios del Estado para el sector rural, creando así la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), esta asociación aumentó la capacidad de lucha y reivindicativa de los campesinos.
Por su parte las fuerzas militares libraban la lucha contrainsurgente amparados legalmente en la Doctrina de Seguridad Nacional.

Surge el Ejército Popular de Liberación

1967

En este año se crea el EPL los que extendió el conflicto armado a otras regiones del país aumentando el impacto del mismo.

Conformación del Movimiento 19 de abril

1970

El 19 abril de 1970 Misal Pastrana gana las elecciones presidenciales tras un supuesto fraude electoral, lo cual llevó a la conformación del grupo guerrillero Movimiento 19 de abril (M-19), y este pasó de ser movimiento político a movimiento armado.

Acuerdo de Chicoral

1972

Durante el gobierno de Misael Pastrana (1970-1974, último período de Frente Nacional) se firma el acuerdo de Chicoral en enero de 1972, el cual implicó el abandono de la reforma agraria y la victoria de grandes latifundistas sobre el uso y tenencia de la tierra.

Surgimiento del narcotráfico

1974 - 1979

La propagación de los cultivos ilícitos a mediados de los años 70 produjo fuertes transformaciones en la economía del país, en la dinámica del conflicto, en el uso de la tierra y en las expresiones de violencia por parte de los actores involucrados que se disputaban recursos y territorio.
Todo ello tuvo impacto en la población, ya que las personas que habitaban zonas estratégicas para la cadena del narcotráfico fueron expulsadas de sus tierras y territorios.

Presencia de paramilitares

Approx. 1977 - Approx. 1979

A finales de la década de los 70 ya habían grupos de paramilitares operando en regiones como el Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta

Gobierno de Julio César Turbay Ayala

1978 - 1982

Este período se caracterizó por el "boom del narcotráfico" lo que su vez llevó a una nueva forma de guerra en el país debido a las alianzas de narcotraficantes con otros actores armados que fueron el motor del conflicto y infiltración en ámbitos políticos, además de las manifestaciones de violencia en el sector político y hacia la población civil en su mayoría hacia el campesinado.
Por su parte los grupos guerrilleros pasaron de tener una posición defensiva a una ofensiva lo que implicó el recrudecimiento de la violencia hacia la población con fines de financiamiento y expansión en el territorio.

Represión a la insurgencia

1978

En el gobierno de Julio César Turbay Ayala, mediante decreto legislativo 1923 de 1978 se tipificó de subversiva toda protesta social, lo que implicó mayor represión para los grupos insurgentes; y la política contrainsurgente adoptó el Estatuto de Seguridad Nacional.

Desplazamiento forzado contemporáneo I

1978 - 1988

A partir de 1980 el desplazamiento forzado se caracterizó por la presencia marcada del paramilitarismo como actor relevante en el conflicto armado, el auge del narcotráfico, los procesos de paz con las guerrillas y una escalada del conflicto armado interno. Todo ello provocó graves manifestaciones de violencia, entre ellas el desplazamiento forzado, alcanzando cifras de hasta 65,597 personas desplazadas según el Registro Único de Víctimas (cifras oficiales), pero según estimaciones de CODHES basadas en en los registros de la Conferencia Episcopal el número de desplazados entre 1985 y 1988 alcanzó las 227,000 personas.

Gobierno de Belisario Betancur Cuartas

1982 - 1986

Durante el mandato de Belisario Betancur se impulsó el Plan Nacional de Rehabilitación que promovía medidas para lograr los acuerdos de paz con los grupos insurgentes, este Plan se basaba en la Política de Protección de Derechos Humanos que promovía Estados Unidos. Ante este panorama otros actores armados como narcotraficantes y militares reconocieron estas medidas como ventajosas para la guerrilla lo que provocó mayor división política y la promoción de la "privatización de la lucha contrainsurgente"

Conferencia Episcopal Colombiana

1985

La Conferencia Episcopal Colombiana alertó de la crisis humanitaria debido a las grandes cantidades de personas desplazándose en el territorio nacional y la urgencia de atender a estas miles de víctimas.
A pesar de ello no se atendió dicha crisis ni iniciaron esfuerzos gubernamentales para reconocer y atender a las víctimas del desplazamiento.

Gobierno de Virgilio Barco Vargas

1986 - 1990

En este gobierno se le dio continuidad al plan de Rehabilitación, lo cual llevó a un escenario de guerra invisibilizado y caracterizado por el desplazamiento "gota a gota" de miles de campesinos, afrodescendientes y de población indígena que vivían en zonas disputadas por los actores armados.

Pacto político por la paz

1989

Este año se caracterizó por el acercamiento del gobierno con el grupo insurgente del M-19 con el cual se firmó el "Pacto político por la paz". Por otro lado se declararon ilegales los grupos conocidos como de autodefensa.

Desplazamiento forzado contemporáneo II

1989 - 1996

Período caracterizado por el recrudecimiento de la violencia política y las primeras acciones de atención a víctimas de desplazamiento forzado.
Según el RUV en este periodo de tiempo se registraron 392,891 personal desplazadas y según las estimaciones de CODHES las cifras alcanzaron las 773,510 desplazados.
Estas brechas en los números de casos de desplazamiento empiezan a disminuir en 1995 cuando se empiezan a emitir los primeros instrumentos para atender y registrar el fenómeno y así el subregistro del RUV empieza a disminuir evidencia en el aumento de casos reportados después de esta fecha.

Gobierno de César Gaviria Trujillo

1990 - 1994

Este gobierno, a través del plan de desarrollo "La Revolución Pacífica" emite la Estrategia Nacional contra la Violencia, la cual implicó una declaración de guerra contra el narcotráfico y las FARC.
Por otro lado, a pesar de la reciente declaración de ilegalidad de los grupos de autodefensa, este gobierno mediante decreto de Ley adoptó el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada denominado "Convivir" y permitía la creación de servicios especiales dejando nuevamente la legalidad para los grupos de autodefensa o la privatización de la lucha.

Acciones de atención a la crisis humanitaria

1991 - Approx. 1994

Si bien es cierto que a esta fecha el desplazamiento forzado no era una problemática reconocida por el gobierno de turno, en 1991 se iniciaron las primeras atenciones a la crisis humanitaria bajo el marco normativo de atención a víctimas del terrorismo y desastres naturales por medio de entidades como el Fondo de Solidaridad y Emergencia Social y las instituciones públicas del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres.

Nueva Constitución Política

1991

La nueva Constitución trajo consigo la creación de la Corte Constitucional y de la Defensoría del Pueblo, estas instituciones un papel decisivo más adelante en la historia en materia de reconocimiento, denuncia y defensa de víctimas de desplazamiento forzado.

Ley 104 de 1993

1993

La atención que se prestaba a personas desplazadas se enmarcaba en esta ley y para que ellas tuvieran acceso a dicha atención era necesario que estuvieran como víctimas en el registro de censo de damnificados, lo que limitaba el acceso a la atención.

Gobierno de Ernesto Samper Pizano

1994 - 1998

Por primera vez la problemática del desplazamiento forzado es incluida por un gobierno tanto como discurso, como en uno de los principales objetivos de política pública. El reconocimiento del fenómeno llevó a la inclusión del Plan Nacional para la Atención Integral de la Población Desplazada.
Además en el plan de desarrollo promovido por este gobierno se adoptó una sección llamada "justicia, derechos humanos y seguridad ciudadana", que pretendía garantizar los derechos humanos a la población y la inclusión de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Ley 241 de 1995 y proyecto de Ley para reconocer y regular el desplazamiento forzado

1995

Este año el Congreso aprobó la Ley 241 que amplió la atención humanitaria de víctimas de atentados terroristas a víctimas resultado de ataques de la guerrilla o masacres en el marco del conflicto armado.
Por otro lado, representantes de movimientos de reinserción política como el Partido Corriente de Renovación Socialista (CRS) y la Unión Patriótica promovieron el proyecto de Ley para reconocer y el regular el fenómeno, y este entró en discusión en el Congreso.

Creación de las ACCU

1996

La creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urubá, a través de su proyecto de expansión de noviembre de este año unificó a las autodefensas del César, la Sierra Nevada de Santa Marta y los Llanos Orientales lo que implicó el inicio de otra etapa para el conflicto armado y las mayores expresiones del fenómeno de desplazamiento en la historia contemporánea de Colombia.

Desplazamiento forzado contemporáneo III (periodo de mayor manifestación del fenómeno)

1997 - 2004

Estos años se caracterizaron por el recrudecimiento del conflicto armado debido a la violencia perpetrada por todos los actores involucrados en el mismo. Paramilitares controlando mayoritariamente el norte del país, la guerrilla con mayor presencia en el sur y la fuerza pública en su intento de recuperación del territorio nacional manifestaron diversas prácticas de violencia que no solo intensificaron el conflicto sino también el desplazamiento forzado.

Conformación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)

April 1997

Este año se anunció el proyecto de unificación de grupos paramilitares regionales en una sola estructura nacional, conformando así las AUC y expandiéndose a lo largo del país.
Al siguiente año (1998) el gobierno de Samper intentó desarticular las Convivir, pero fracasó y se aliaron al paramilitarismo.

Aprobación de Ley 387 de 1997

July 1997

El Congreso aprobó la Ley 387 que se convirtió en el marco normativo para la atención y protección de personas desplazadas por violencia, estableció las responsabilidad del Estado y los principios de aplicación.
Tras la aprobación de esta Ley se creó el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por Violencia (SNAIPD) y el Consejo Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por Violencia (CNAIPD)

1997 año trágico para las víctimas del desplazamiento

December 1997

Este año marcó un hito a la fecha en el número de personas que se registraron desplazadas, según el RUV las cifras ascendían a un total de 171,610 personas solo para ese año y estimando que alrededor del 40% de ellas fueron desplazadas de forma masiva.

ACNUR llega a Colombia

1998

En este año el ACNUR abre sus oficinas en el país para asesorar a las instituciones que dan atención a víctimas del desplazamiento forzado.

Plan Colombia

1999

El gobierno de Colombia bajo el mando de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) y el de Estados Unidos firmaron el acuerdo del Plan Colombia destinado a superar el conflicto armado a través de un plan integral de paz, pero esta iniciativa se convirtió en una estrategia militar en contra de las guerrillas y el narcotráfico.

Aprobación del Plan de acción para la prevención y atención de desplazamiento forzado

November 1999

Este plan buscaba trascender de una atención asistencialista a acciones que atacaran las causas estructurales del desplazamiento forzado a través de la inclusión de enfoques poblacionales y territoriales, además de promover el retorno voluntario.

Creación del Registro Único de Población Desplazada (RUPD)

2000

A través del decreto 2569 de 2000 se creó el RUPD, que buscaba tener un sistema de información sobre la población desplazada, convirtiéndose en la herramienta oficial para cuantificar y visibilizar la magnitud del fenómeno

Aprobación de un nuevo código penal

2000

La aprobación de un nuevo código penal implicó, que por primera vez se tipificara el desplazamiento forzado como delito.

Primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)

2002 - 2006

El gobierno de Uribe se caracterizó por fortalecer la fuerza pública a fin de recobrar el control territorial en el país, lo que se tradujo en un mayor número de enfrentamientos entre la fuerza pública y las guerrillas lo que llevó a su vez a un aumento de la violencia y del desplazamiento forzado convirtiendo de esta manera el año 2002 como el año con más registro de personas desplazadas en la historia. Según datos del RUV un total de 681,058 personas fueron víctimas.

Acuerdo de Ralito para la desmovilización paramilitar

2003

Este año se firmó entre el gobierno y las AUC (Autodefensas Unificadas de Colombia) el Acuerdo de Ralito con el propósito de negociar la desmovilización de las AUC, a pesar del compromiso adquirido por estas últimas de desmovilizarse estos grupos siguieron consolidándose en el territorio y continuaron sus prácticas de violencia que, entre otras cosas, generaba desplazamiento.

Sentencia T-025

2004

En el 2004 la Corte Constitucional declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en cuanto al desplazamiento forzado en el país. Esto marcó un hito, ya que por primera vez se reconocía la condición de víctimas para las personas desplazadas forzosamente y a partir de este año la Corte incidió en el diseño de la política pública sobre desplazamiento y la incorporación del enfoque de derechos en la misma.

Desplazamiento forzado contemporáneo IV

2005 - 2014

Estos años se caracterizaron por una intensificación de las manifestaciones de la violencia, especialmente entre los años 2007 y 2011 lo que implicó un alza en los desplazamiento forzados. En este período según datos del RUV se registraron 2,996,196 personas desplazadas lo que da cuenta de dificultades por parte del Estado para prevenir la problemática y para una garantía de los derechos humanos de las víctimas.

Iniciativas para abordar la problemática de Desplazamiento Forzado

February 2005

Tras la sentencia T-025 de la Corte Constitucional, el gobierno de la época incorporó algunas iniciativas para superar el Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI), y es así que a través del decreto 2467 se creó la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, además de promover el acceso a tierras por parte de la población desplazada.
Por otro lado a través del decreto 250 se creó un nuevo Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por Violencia, que buscaba integrar las acciones llevadas a cabo por el Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada.

Sin avances para la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI)

2006 - 2008

A dos años de la sentencia T-025, la Corte Constitucional evaluó el avance en el cumplimiento de las órdenes declaradas en dicha sentencia y declaró que el avance era nulo debido a que no se contaban con indicadores para la medición de resultados. Es por ello que a partir de ese año hasta el 2008 y mediante el Auto 116 se definieron los indicadores de resultado para garantizar el goce efectivo de derechos de la población desplazada.

Mecanismos de coordinación y política de generación de ingresos

2009

En el 2009, el gobierno decretó algunos mecanismo de coordinación que garantizaran los derechos de las personas desplazadas a través de un Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial (SICST).
Por otro lado se declararon los lineamientos para una política de generación de ingresos para la población en situación de extrema pobreza y desplazamiento forzado, con el fin de lograr superar lo que impedía generar ingresos económicos para sostenerse.

Aumento de desplazamiento forzado

2011

A pesar de las medidas tomadas por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) en el año 2011 se vuelve a identificar un aumento en el registro de personas desplazadas, ante lo cual la Corte Constitucional reiteró la ineficiente respuesta Estatal para garantizar los derechos de la población desplazada.

Aprobación de Ley 1448 de 2011

2011

Esta Ley 1448 integra el marco normativo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ante la cual se reconoce el año de 1985 como el inicio para reconocer hechos victimizantes, lo cual otorga el derecho a la reparación integral a las víctimas. Además esta ley adopta un enfoque diferencial de género y etnias y promueve la creación de nuevas entidades que garanticen la restitución de derechos fundamentales a las víctimas del conflicto, incluyendo a las víctimas de desplazamiento forzado.

Nuevo actor armado: las bacrim

2012

En este año se reconoce a las llamadas bacrim (bandas criminales) como actores armados con incidencia en el conflicto armado y no solo como grupos de delincuencia común. A partir de este reconocimiento también se incluye en el RUV a las personas desplazadas por el accionar de estar bandas criminales.

Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera

2012

Inicio de procesos de diálogo para la paz con las FARC, paralelo a toma de medidas para reparar a las víctimas del conflicto armado.