Evolución del Derecho Agrario

Events

Tenencia de la tierra

1325

La figura agraria más sobresaliente y tenencia de la tierra es el Calpulli o Chinancalli, tierras de los barrios, que se dividían y asignaban en forma de parcelas a los miembros del mismo Calpulli.

Las tierras

1333

Por lo que se refiere a la tenencia de la tierra pública, estas tierras estaban comprendidas en el Tlatocallalli que eran las tierras del señor; el Tecpantlalli, tierras de nobles del palacio; el Teotlalpan, eran aquellas que se destinaban al gasto de cultos religiosos o mantenimiento de los templos; el Milchimalli, que se destinaban al mantenimiento de los ejércitos y gastos de la tierra, el Pillalli, tierras de nobles que prestaban servicios al señor, el Tlatocamilli, tierras del señorío, y el Yahutlalli, tierras por conquista a disposición del rey y nobles.

Acreditación de las tierras

1493

El Papa Alejandro Sexto, emite tres bulas para acreditar las propiedades: Inter Coetera, Inter Coetera o Noverunt Universi e Inter Coetera o Hodien Siquieden.

Tratado de Tordesillas

1494

El Tratado de Tordesillas que hace un replanteamiento de la línea de división entre España y Portugal.

Nuevo Territorio

1500

Las tierras descubiertas en los nuevos territorios se incorporaron: al real patrimonio, al patrimonio privado del rey y al patrimonio de la corona.
Los tipos de propiedad en la colonia se dividieron en Propiedad individual y comuna.

Tenencia de la tierra

1521

La tenencia de la tierra entre los mayas, se dividía en comunales, que eran aquellas tierras que satisfacían las necesidades públicas; las privadas, que pertenecía a la nobleza.

Un decreto

1810

Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, emitieron decreto: el del 5 de diciembre de 1810, el del 17 de noviembre del mismo año y el del 18 de abril de 1811 en los que ordenaban la recaudación de las rentas vencidas de las tierras de los indígenas; restitución de las mismas a favor de los grupos desposeídos y la prohibición, para su arrendamiento.

Uso de hacienda

1813

En el proyecto para confiscación de Intereses Europeos de 2 de noviembre de 1813, se estableció el uso de haciendas.

Formación de provincia

1823

Decreto del 14 de octubre de 1823. Su objetivo era la formación de la provincia del Istmo de Tehuantepec, y se apoyaba en los terrenos baldíos de la zona para colonizar.

Ley de colonización

1824

Ley General de Colonización del 18 de agosto de 1824. Impulsar la colonización en la parte norte del territorio nacional.

Plan de Sierra Gorda

1848

El Plan de Sierra Gorda del 14 de marzo de 1848. Normar los reclamos de la clase campesina, para adquirir tierras concentradas en unas pocas manos.

Otras fuentes de patrimonio

1854

Las fuentes del patrimonio de la iglesia católica provenían de diversas figuras entre ellas, el diezmo, las primicias, el arancel; las cofradías, los patronatos, las capellanías, las memorias y las fincas rústicas urbanas.

Decreto de Ignacio Comonfort

1855

Autorizaba a los gobernadores de Puebla y Veracruz así como al jefe político de Tlaxcala, a efecto de intervenir los bienes eclesiásticos de la Diócesis de Puebla para resarcir los efectos de la guerra con Estados Unidos.

Ley de Desamortización

1856

Ordenaba que las fincas rústicas y urbanas administradas, en propiedad por corporaciones civiles o eclesiásticas que estuvieran en arrendamiento, pasaran en propiedad a los arrendatarios, el cual tenía un plazo de 6 meses para hacer efectivo ese derecho. Había bienes exentos a la Ley, entre ellos los conventos, asilos, palacios episcopales y municipales, así como hospicios, hospitales, mercados, casa de párrocos, ejidos y terrenos destinados a un servicio público.

Constitución de 1857

1857

Protege el derecho a la propiedad cumpliendo con los requisitos legales de la posesión y de la ocupación, por lo que sólo el trabajo de la tierra perfeccionaba el derecho de propiedad; señalaba el límite de extensión de terreno para los individuos que era hasta de 15 leguas cuadradas; señalaba que quien tuviera mas superficie de la autorizada, el obligado debería deslindarlas, acotarlas y cultivarlas; los terrenos menores de 15 leguas gozaban de toda exención fiscal; la rancherías congregaciones y pueblos que no tuvieran terrenos para su cultivo, les serían repartidos por la administración federal.

Ley de Nacionalización de Bienes del Clero

1859

Establecía que todos los bienes que el clero había administrado con diversos títulos deberían de entrar inmediatamente al dominio de la Nación.

Decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras

1883

Ordenaba deslindar, medir y fraccionar terrenos baldíos propiedad de la Nación.

El descontento de la población

1910

El capital humano enfrentó al gobierno federal que mantenía la pobreza y la riqueza en forma polarizada dentro del marco legal, es decir, con ayuda de la constitución liberal de 1857.

Ley agraria

1915

La Ley Agraria del 6 de enero de 1915 ordenaba acciones de Restitución y de Dotación a los pueblos que habían sido despojados de sus tierras.

Ley de Dotación y Restitución

1929

Se intenta regular el Art. 27 pero no tuvo aplicación efectiva

Código agrario

1940

Fueron perfeccionando los procedimientos del reparto agrario con las figuras jurídicas tales como la del Conflicto por Límites, Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales y otras más que fueron agregadas a las reformas al artículo 27 constitucional de 1970.

Ley Federal de Reforma Agraria

1971

Sus acciones principales eran la de Dotación de ejidos, Restitución de tierras, Ampliación de ejidos, Nuevos Centros de Población, Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales y Conflicto por Límites, entre otras.

Efectos del reparto agrario

1991

El modelo político económico neoliberal que se impone en el país, a partir de la década de los ochentas, perfila una no intervención del Estado en las relaciones económicas, dejando todo a cargo de los particulares y crea tribunales para dirimir las controversias entre los sujetos. Los efectos de la política agraria revolucionaria, dejan la mitad de territorio nacional sujeto a un orden jurídico de supuesta protección por parte del Estado, y se dice supuesta, porque en realidad lo que se busca es la conversión de la propiedad social a propiedad privada.