Diecinueve comerciantes que viajaban desde Cúcuta hacia Medellín con el propósito de transportar electrodomésticos a la capital antioqueña fueron asesinados y desaparecidos por estructuras paramilitares vinculadas a la Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio (ACDEGAM), a través del grupo conocido como Los Masetos.
Los Masetos provenían de la organización criminal Muerte a Secuestradores (MAS), creada a comienzos de la década de 1980 por los jefes del Cartel de Medellín con el fin de perseguir a los responsables del secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los hermanos Ochoa Vásquez. Aunque el grupo denominado MAS se disolvió pocos meses después de su creación, tras la liberación de Marta Nieves, su denominación y lógica de actuación persistieron en distintas regiones del país. Desde entonces, diversos grupos paramilitares auspiciados por narcotraficantes fueron conocidos como Los Masetos, particularmente en Puerto Boyacá y sus alrededores.
En este contexto, los comerciantes fueron señalados falsamente como presuntos transportadores de armas desde la frontera con Venezuela para la guerrilla. Tras dicho señalamiento, fueron retenidos ilegalmente y trasladados a la finca El Diamante, ubicada en Puerto Boyacá, donde finalmente fueron sometidos a torturas y asesinados.

Mediante resolución 955 se creó la Unidad Móvil para investigar múltiples homicidios y desapariciones que habían ocurrido en meses anteriores en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra.

Por este hecho se creó una comisión judicial de jueces e investigadores conformada por los siguientes servidores de la rama judicial:

Mariela Morales Caro, 36 años - Jueza 4 de Instrucción Criminal de San Gil
Pablo Antonio Beltrán, 40 años - Juez 16 de Instrucción Criminal de San Gil
Virgilio Hernández Serrano, 59 años - Secretario del Juzgado Ambulante de Instrucción Criminal
Carlos Fernando Castillo Zapata, 24 años - Secretario del Juzgado Ambulante de Instrucción Criminal de San Gil
Luis Orlando Hernández Muñoz, 29 años - Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá
Yul Germán Monroy Ramírez, 28 años - Investigador del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Bogotá
Gabriel Enrique Vesga Fonseca, 23 años - Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil
Benhur Iván Guasca Castro, 24 años - Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial
Orlando Morales Cárdenas, 21 años - Investigador del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial
César Augusto Morales Cepeda, 28 años - Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de San Gil
Arnulfo Mejía Duarte, 24 años - Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial
Samuel Vargas Páez, 44 años - Conductor del Cuerpo Técnico de Policía Judicial
Arturo Salgado Garzón - Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial
Wilson Humberto Mantilla Castilla - Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial
Manuel Libardo Díaz Navas - Miembro del Cuerpo Técnico de Policía Judicial

La Comisión Judicial partió hacia San Gil con el apoyo adicional de dos miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, cinco funcionarios más que habían sido nombrados y enviados desde Bogotá, y tres que se sumaron en Barrancabermeja, además de un conductor.

Luego, el 13 de enero la comisión se desplazó hacia Bucaramanga, y el 16 de enero la comisión se dirigió hacia Puerto Parra. Algunos funcionarios llegaron hasta la vereda La Rochela y posteriormente regresaron a Puerto Parra, donde pernoctaron.

En horas de la mañana, la Comisión viajó nuevamente hacia la vereda La Rochela, donde se reunió con campesinos de la zona. Durante este encuentro, la Comisión fue interceptada por un grupo paramilitar proveniente de Puerto Boyacá, conformado por aproximadamente cuarenta hombres armados, quienes se presentaron falsamente como integrantes del Frente XXIII de las FARC.
Los paramilitares exigieron a la Comisión la entrega de sus armas de dotación, procedieron a amarrar a los funcionarios judiciales y los obligaron a subir a varias camionetas. Posteriormente, los trasladaron hasta el sector de La Laguna, sobre la carretera hacia Barrancabermeja, donde ejecutaron extrajudicialmente a Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández Serrano, Carlos Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur Iván Guasca Castro, Orlando Morales Cárdenas, César Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez.
Durante estos hechos, resultaron gravemente lesionados

Los sobrevivientes Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz Navas fueron trasladados a la Clínica Cajanal de Bogotá y, posteriormente, a un apartamento donde permanecieron bajo custodia durante el desarrollo de la investigación penal. Desde ese momento, ocuparon simultáneamente el lugar de víctimas sobrevivientes y testigos de cargo.
Tres meses después, la Dirección de Instrucción Criminal recibió una amenaza anónima dirigida contra Wilson Mantilla y Manuel Díaz, lo que dio lugar a su traslado constante entre diferentes ciudades del país como medida de protección. A lo largo de los años, las víctimas indirectas también recibieron amenazas.

Tras haber rendido indagatoria ante el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Luis María Sanabria fue asesinado en Simacota, Santander. En los días siguientes, Blas Antonio Barón P. y Pedro José Rueda, también testigos del caso, fueron sacados de sus viviendas y posteriormente asesinados por un grupo de hombres armados vestidos con prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares. Según las crónicas, los homicidios ocurrieron frente a sus familiares y las víctimas fueron acusadas de ser “sapos”.

Como consecuencia de las amenazas emitidas por grupos paramilitares en la región –varias de ellas desde el mismo día de la Masacre–, y tras el asesinato de los testigos, varias personas de Simacota y zonas aledañas se desplazaron forzadamente por temor a ser señaladas como denunciantes.

La víctima sobreviviente Manuel Libardo Díaz se pensionó de la Fiscalía y pidió asilo junto a su familia debido a las múltiples amenazas. Por su parte, Arturo Salgado resistió dos años en su cargo y debido a dos amenazas muy fuertes pidió su pensión antes de tiempo.

Familiares de la víctima Yul Gérman Monroy denunciaron amenazas en contra de su integridad física ante la Fiscalía General de la Nación. Como ellos, varias familias reportan amenazas en su contra.

El Juzgado 126 de Instrucción Penal Militar decretó el cese del procedimiento a favor del teniente Luis Enrique Andrade por el delito de homicidio.

El Juez Segundo de Orden Público de Pasto condenó en primera instancia a Alonso de Jesús Baquero Agudelo (Vladimir), Julián Jaimes o Julio Rivera Jaimes, Héctor Rivera Jaimes y Ricardo Antonio Ríos Avendaño Norberto de Jesús Martínez Sierra, Rafael Pombo y Anselmo Martínez Jesús Emilio Jácome Vergara y Germán Vergara García por homicidio agravado con fines terroristas, fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas, disparo de armas de fuego y uso de explosivos, concierto para delinquir agravado con fines terroristas.

Al Sargento Otoniel Hernández y teniente Andrade por el delito de acciones terroristas.

En segunda instancia el juez del Tribunal Superior de Orden Público redujo o revocó algunas de las sentencias impuestas.

La mayoría de las víctimas indirectas logró el acompañamiento jurídico de los abogados Orestes Guarín y Néstor Trujillo para presentar demandas ante la jurisdicción contencioso-administrativa. El Dr. Néstor Trujillo acompañó a Esperanza Uribe y Lucero Carvajal, mientras que el Dr. Orestes Guarín acompañó a Mariela Rosas Lozano y siete casos más.

Entre octubre de 1995 y septiembre de 1997, el Tribunal de Santander emitió cinco sentencias respectivamente, declarando primero en contra de las víctimas por falta de documentación. Por ello, las víctimas llevaron sus demandas a segunda instancia.

El Consejo de Estado falló favorablemente a nombre de las víctimas declarando que el Estado fue administrativamente responsable y por ende fue condenado al pago de perjuicios morales y materiales.

La investigación conducida por las instancias judiciales revelan alianzas entre paramilitares, narcotraficantes y miembros de la fuerza pública. El proceso judicial avanza lentamente debido a amenazas y falta de protección de los jueces que investigaban el caso.

La Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo presentó informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por impunidad en el caso y afirmó que los autores materiales e intelectuales, civiles y militares, no han sido investigados y sancionados penalmente, haciendo al Estado responsable por la violación de los derechos a la vida y la integridad personal y la protección judicial de las víctimas, consagrados en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
Articulo 4: derecho a la vida.
Artículo 5: derecho a la integridad personal.
Artículo 8: garantías judiciales.
Artículo 25: protección judicial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó informe de admisibilidad No 42/02.

El Estado Colombiano busca procesos de conciliación con las víctimas: Sólo hasta que las familiares demandantes hubieran presentado sus demandas ante instancias internacionales como la CIDH, el Estado Colombiano buscó a las familias para una conciliación. Algunas familiares se opusieron –tras haber esperado por casi 20 años– y algunas víctimas –especilamente las sobrevivientes– aceptaron la conciliación y recibieron una reparaciónn por laa mitad del valor propuesto por la CIDH

El Tribunal Superior Militar revocó la decisión del Juzgado 75 de Instrucción Penal Militar y se declaró incompetente para conocer los hechos, por lo cual remitió nuevamente las diligencias a la jurisdicción ordinaria. Por primera vez en la investigación la Justicia Penal Militar reconoció la justicia ordinaria como juez natural de actos ajenos al servicio como el auxilio de grupos paramilitares.

Acto público de Reconocimiento de Responsabilidad: En el marco del cumplimiento de las recomendaciones adoptadas en el Informe presentado por la Comisión, el Estado colombiano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidades ante las víctimas y por parte de la Vicepresidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Comisión Interamericana trasladó la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la violación a los derechos humanos, Violación del derecho a la vida, Violación a las garantías judiciales y a la protección judicial y a la violación al pacto de San José, por lo cual ordenaron medidas de reparación como indemnización, rehabilitación, satisfacción y no repetición.

Gracias al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al cumplimiento parcial de las recomendaciones de la Comisión, algunas familiares como Isolina Duarte o Mariela Rojas, recibieron, tras casi 20 años de la Masacre, indemnizaciones parciales por parte del Estado colombiano. Algunos familiares, como el caso de María Antonia Cepeda de Morales, madre de Cesar Augusto Morales, murieron sin haber recibido su debida reparación.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo interpuso acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, por considerar que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior y de Justicia y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Vicepresidencia de la República, vulneraron los derechos fundamentales a la vida digna, la integridad personal y la seguridad personal de Paola Martínez Ortiz, Esperanza Uribe Mantilla y Luz Nelly Carvajal Londoño.

La Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional emitió sentencia y ordenó a la Oficina de Protección y Asistencia de la Fiscalía General de la Nación que dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, debían a Paola Martínez Ortiz, Esperanza Uribe Mantilla y Luz Nelly Carvajal Londoño y sus familiares al Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el Proceso Penal.

La Corte Interamericana emitió resolución sobre supervisión de cumplimiento de sentencia y dictamina que el Estado ha realizado un cumplimiento parcial de la sentencia. Emite nuevas recomendaciones.

Se suspendió la audiencia que decidía un recurso interpuesto por el procesado TIBERIO VILLAREAL RAMOS DELITO excongresista que se encuentra procesado por su presunta participación en la masacre de ‘La Rochela e imputado por los delitos HOMICIDIO AGRAVADO Y OTROS.

En San Gil se realizaron honras fúnebres masivas por el homicidio de Pablo Antonio Beltrán Palomino, Carlos Fernando Castillo Zapata y Mariela Morales Caro. Los servidores judiciales eran ampliamente reconocidos en el municipio, por lo que su asesinato generó un profundo dolor colectivo.

La Rama Judicial organizó, sin consulta previa a las familias, una velación colectiva de las víctimas mortales en la sede judicial de Paloquemao, en Bogotá. Algunas familiares denunciaron el difícil acceso a los féretros y la falta de consideración hacia sus procesos de duelo. Una de las víctimas relató:

“A mi esposo Yul Germán, y a la doctora Mariela Morales y a Gabriel Enrique nos tocó sacarlos del recinto porque los pusieron en show. Además, las filas eran impresionantes; los podían ver ellos primero que uno” (C.p. GMH, 2010, p. 211).

Algunos familiares de las víctimas de San Gil se trasladaron a Bogotá y posteriormente al exterior en busca de protección. En este contexto, el encuentro entre Mariela Rojas, Esperanza Uribe, Paola Martínez y Lucero Carvajal dio lugar a la conformación del colectivo conocido como Las Viudas de La Rochela. A lo largo de los años, estas mujeres impulsaron acciones de denuncia, memoria y exigencia de derechos frente a la impunidad.

El padre Javier Giraldo publicó el tercer volumen de El camino de la niebla: Masacres en Colombia y su impunidad, dedicando el séptimo capítulo a la Masacre de La Rochela. En el informe, hizo un resumen de los hechos, rastreó cómo la investigación penal (ordinaria y militar) quedó en la impunidad, y expuso varias anomalías del primer año de investigación.

Desde el año 2000 la Corporación FASOL ha acompañado integralmente a las víctimas y familiares de la masacre de 'La Rochela' mediante sus lineas de atención jurídica, psicosocial y ayuda humanitaria.

El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación publicó el informe “La Rochela: Memorias de un Crimen Contra la Justicia”, dedicado a los hechos victimizantes ocurridos durante y posterior a La Masacre, las formas en que se avanzó en la investigación penal (justicia ordinaria, penal militar, y contencioso-administrativa), y un rastreo de las amenazas sufridas por parte de las víctimas sobrevivientes e indirectas.

La comisión para el Esclarecimiento de la Verdad publicó los diferentes tomos de su informe final donde dedicó parte de los Tomos de Impactos, Enfrentamientos y Resistencias y Hallazgos y Recomendaciones al caso de La Rochela. Así mismo, en sus recomendaciones para la no repetición mencionó la importancia de la investigación, reconocimiento y reparación del Sector Judicial como víctima del conflicto armado colombiano.

Se llevó a cabo el 'Acto de memoria y reconocimiento público a la dignidad de las y los servidores judiciales y sus familiares que, en el contexto de la labor judicial, han sido víctimas de violencias asociadas al conflicto armado' organizado por el Ministerio de Justicia y el Derecho y FASOL. Durante este acto, Deycci Marcela Salgado, hija del sobreviviente Arturo Salgado, expuso los hechos de la Masacre ante autoridades del Estado y el ministro Néstor Iván Osuna Patiño reconoció por primera vez la responsabilidad del Estado frente a los 1,262 servidores de la rama judicial victimizados como víctimas del conflicto armado.